Informe pericial psicológico para incapacitación judicial y curatela

Desde 1.800 €, que cubre la evaluación de una sola persona: la que necesita los apoyos.

Si hay que evaluar a alguien más dentro del mismo procedimiento, cada persona adicional son 300 €.

Si hay que desplazarse al domicilio o a la residencia, se presupuesta aparte y te decimos el importe antes de empezar, junto con el resto.

La ratificación en sala se factura siempre aparte (300 €): cubre la primera citación y la preparación de la defensa del informe. Dentro de la Comunidad de Madrid no se añade desplazamiento; fuera se presupuesta antes de empezar y se dice desde el principio.

Los honorarios del abogado y del procurador, cuando hagan falta, van por su cuenta y no los facturamos nosotras.

Sí. Cuando la persona no puede desplazarse nos desplazamos a su domicilio o al centro donde viva.

El desplazamiento se presupuesta aparte y te decimos el importe antes de empezar, junto con el resto del presupuesto.

No: la tutela de adultos ya no existe.

Desde la Ley 8/2021 la tutela quedó solo para menores de edad. Para una persona adulta las figuras posibles son la curatela, la guarda de hecho, el defensor judicial para actos puntuales y los apoyos que la propia persona haya establecido de antemano.

Quien tuviera una tutela concedida antes de la reforma no la pierde: se le aplican las normas de los curadores representativos hasta que se revise.

No. Es un miedo frecuente y la ley dice lo contrario: la resolución judicial no puede limitarse a privar de derechos (art. 269 del Código Civil).

El Tribunal Supremo lo viene exigiendo desde su primera sentencia sobre la reforma —STS 589/2021, de 8 de septiembre—: la curatela es preferentemente asistencial, es decir, el curador acompaña para que la persona decida ella. La modalidad representativa, en la que decide otro, es excepcional y el juzgado tiene que motivar acto por acto por qué no basta con menos.

Y lo que se valora no es la etiqueta diagnóstica. En palabras del propio Tribunal Supremo, lo relevante no es tanto el diagnóstico como las concretas necesidades que provoca (STS 1143/2024, de 18 de septiembre).

Solo aceptaríamos el encargo con autorización judicial, porque tu familiar legalmente conserva íntegra su capacidad: mientras no haya una medida de apoyo acordada nadie puede consentir por él, y explorar a un adulto que se niega sería hacerlo sin consentimiento válido.

La vía es judicial y la ley la tiene prevista: el juzgado tiene que acordar el dictamen pericial y no puede resolver sin él (art. 759.1.3.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Con esa autorización sí intervenimos.

Y que se oponga tampoco cierra el procedimiento. El Tribunal Supremo tiene dicho que atender la voluntad de la persona no significa seguirla siempre (STS 589/2021, de 8 de septiembre): cuando la negativa nace del propio trastorno que le impide ser consciente de su situación, el juzgado puede acordar la medida igualmente, siempre que la escuche y razone por qué se aparta de lo que ella pide.

Sí, pero allí la figura no se llama curatela. Son comunidades con derecho civil propio y han adaptado el suyo por separado.

En Cataluña la medida es la asistencia (arts. 226-1 y siguientes del Código Civil de Cataluña, adaptados por el Decreto-ley 19/2021), y el asistente puede tener facultades de representación o no, ámbito por ámbito.

Aragón tiene régimen propio en el Código del Derecho Foral, tras la Ley 3/2024, de 13 de junio.

En Navarra rige el Fuero Nuevo, modificado por la Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre.

Lo que no cambia es el trabajo pericial, y por eso el informe sirve igual: qué capacidades conserva la persona, para qué actos concretos necesita asistencia, con qué intensidad y cuál es su voluntad.

En el resto de España —incluidas Baleares y el País Vasco, que tienen derecho civil propio pero no han aprobado régimen específico de apoyos— se aplica el Código Civil.

En la profundidad, no en la validez: los dos son prueba pericial y el juzgado los valora igual, conforme a la sana crítica.

Al perito judicial lo designa el juzgado, no lo eliges tú, y responde a lo que el juzgado le pregunta en el momento en que se lo pregunta.

Nuestro informe se encarga antes y con un objeto pericial definido, y lleva todo lo que ves en el apartado anterior: pruebas psicométricas, autonomía en la vida diaria, estudio de la documentación clínica y social, control de fiabilidad del resultado y recogida expresa de la voluntad de la persona. Eso es lo que permite pronunciarse acto por acto en lugar de dar una valoración general.

Son dos plazos distintos y conviene no mezclarlos.

El informe se entrega en 2-4 semanas (urgencias 2 semanas) desde que empieza la evaluación, y lo controlamos nosotras.

El procedimiento judicial no depende de nosotras y varía mucho según la comunidad autónoma y la carga del juzgado: lo habitual son de cuatro a seis meses, y en algunos casos puede irse a dieciocho. Por la vía de jurisdicción voluntaria, cuando nadie se opone, suele resolverse antes que por la contenciosa.

Lo recomendable es encargar el informe al iniciar el expediente: por la vía de jurisdicción voluntaria la ley pide que el dictamen pericial acompañe a la propia solicitud (art. 42 bis b) de la Ley de Jurisdicción Voluntaria), así que tenerlo desde el principio es lo que permite plantear bien lo que se pide.

No, las medidas que acuerda hoy un juzgado se revisan cada tres años como máximo. Solo de forma excepcional y motivada puede fijarse un plazo mayor, que nunca pasa de seis (art. 268 del Código Civil). Y con independencia de eso, se revisan ante cualquier cambio en la situación de la persona.

La revisión funciona en los dos sentidos: para ampliar el apoyo si el cuadro ha empeorado y para reducirlo o dejarlo sin efecto si la persona ha mejorado. La ley obliga expresamente a fomentar que en el futuro haga falta menos apoyo.

Caso distinto: las sentencias anteriores a septiembre de 2021. Las incapacitaciones, tutelas y patrias potestades prorrogadas dictadas antes de la reforma tienen que adaptarse a la ley nueva. Quien esté afectado puede pedir esa revisión en cualquier momento, y entonces debe resolverse en el plazo máximo de un año. Si nadie la pide, la hacen de oficio el juzgado o el Ministerio Fiscal: ese plazo era de tres años y la Ley Orgánica 5/2024 lo amplió a seis, con lo que vence en septiembre de 2027.

Sí, conjuntamente, y las dos lo firmamos.

Exploramos por separado, contrastamos lo observado y solo entonces concluimos. Se reduce el riesgo de sesgos y el dictamen llega al juzgado con menos puntos ciegos que uno firmado por una sola perito.

Sí, tenemos cobertura nacional. La evaluación se hace por videollamada, con las mismas garantías metodológicas que en presencial.

Y nos desplazamos a ratificar a la sede judicial donde se celebre la vista. Si el juzgado está fuera de la Comunidad de Madrid, el desplazamiento se presupuesta aparte y te lo decimos antes de empezar.

Quien te prometa una sentencia te está mintiendo. La decisión es del juez, y en ella pesan las demás pruebas, los testigos y la estrategia de tu abogado/a.

Lo que sí controlamos es esto: si tu caso no es viable, te lo decimos en la valoración gratuita y no realizamos un informe que no te va a servir.

Y si lo es, garantizamos el trabajo: metodología forense, pruebas con escalas de validez, conclusiones que se apoyan en datos del informe y ratificación en la vista, se celebre donde se celebre.

No es lo mismo, y es un error que vemos a menudo. Tu psicólogo de tratamiento te atiende dentro de una relación terapéutica, con finalidad sanitaria: parte de lo que tú le cuentas y no aplica ni metodología pericial ni control de simulación.

Por eso su informe tiene poca fuerza probatoria en juicio. El informe pericial es prueba técnica con metodología forense (art. 335 LEC), y está construido para que lo interroguen.

Por ética profesional, no compatibilizamos terapia y peritaje sobre la misma persona.